Chiapas, a punto de terapia intensiva

Chiapas, a punto de terapia intensiva.

Foto de Archivo CoC.

A pesar del tiempo que ha pasado y después de muchos ofrecimientos de parte de autoridades de diversos niveles de Gobierno del Estado de Chiapas para la solución de los conflictos, la Intolerancia Religiosa no ha superado la operatividad de funcionarios para mantenerse en condiciones “limpias” en este rubro, buscando solamente la administración de los problemas surgidos sin mucho ruido, sin mucho desgaste, sin mucha responsabilidad y sin sensibilidad humana.

Sin embargo los recuentos son muchos, en diversos municipios y de diversos tipos; desde las amenazas, los cortes de agua, cortes de luz, retenciones ilegales, multas injustificadas, intentos de asesinato, suspensión de servicios de salud, de comercio entre otros derechos que tienen los ciudadanos suspendidos por “autoridades locales” que, basados en los usos y costumbres y con el apoyo de las autoridades cercanas, han generado una crisis social en varias comunidades que consideran que “tienen el derecho” de considerar a otras personas en igualdad de condiciones, como ciudadanos sin derecho.

Las violaciones a acuerdos internacionales, a derechos constitucionales y la comisión de una serie de delitos tanto menores como tipificados, no han sido suficientes para que el sistema judicial mexicano demuestre ser eficiente e independiente del ejecutivo; cada acción judicial, demanda presentada, carpeta de investigación iniciada, siempre espera “instrucciones” de jefes superiores para hacer lo correcto y, en su caso por conveniencias del gobierno en turno, seguir realizando lo incorrecto, lo indeseable, generando cada día más corrupción e impunidad evitando que los casos puedan ser consignados a los jueces quienes han declarado que no reciben ninguno de estos temas de Intolerancia Religiosa.

Quedan muchas preguntas en el aire y muchas de ellas solamente tienen respuestas en el Ejecutivo, ni las Fiscalías podrán responder debido que no está a su alcance la respuesta por no tener la capacidad de decisión en los asuntos que tienen en sus manos.

No es suficiente evidencia el hecho que en lugar de iniciar una carpeta de investigación ahora los fiscales prefieren realizar un registro de atención? Porqué los delitos siempre son calificados como menores? Cuál es la razón de la miopía de las autoridades cuando no se dan cuenta que cada hecho violento en una comunidad contra de grupos religiosos no atendido con justicia, genera siempre otro en comunidades cercanas? Porqué los grupos que interesa posicionar y que son los que agreden a los grupos Evangélicos reciben apoyo de diversas instituciones gubernamentales para hacer ver a los grupos minoritarios como desobedientes y lograr el objetivo de hostigarlos buscando que renuncien a su fe?

Podemos seguir con las preguntas, pero no teniendo interlocutor válido, no tienen sentido; sin embargo siguen los casos sin resolver, las denuncias sin instrucciones para avanzar, las solicitudes al ejecutivo para atender urgencias humanitarias sin respuesta y los organismos defensores de Derechos Humanos con una mano blanda, una mano que quizá no puede actuar por la enfermedad de calentura, una calentura llamada 2018.

Válido o no, quizá la calentura llamada 2018 ha impedido el avance de nuestros gobiernos hacia una estructura de justicia, de igualdad, de respeto, de tolerancia, de crecimiento, de convivencia, de todos estos términos que los políticos promueven y están inmersos en sus discursos que ahora cada día los vemos más frecuentes pero también más lejos de la realidad en la que vivimos. Aunque no solo los políticos mantienen este discurso, también sus aliados, aquellos que se prestan para decir que las cosas están en calma, que los problemas fueron en épocas pasadas fingiendo demencia de lo que actualmente sucede en nuestras narices, tal vez por temor o por beneficios adquiridos.

Recientemente se ha reportado la comisión de delitos vinculados a la Intolerancia Religiosa en varios municipios en agravio de grupos Cristianos Evangélicos, se han firmado minutas ilegales y se incluyen cláusulas que no deben de divulgar a terceros los acuerdos llegando a amenazarlos de invalidarlos; esto no es por el cuidado de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sino porque dentro de los acuerdos se siguen violando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si la intención es cumplir la Ley, que se aplique el derecho a tener la religión que más le convenga a cada ciudadano, pero no es así, esa ley no es aplicada, no es difundida, no es cumplida.

Los grupos que se cobijan bajo los usos y costumbres seguirán siendo manipulados y usados para intereses ajenos a ellos, no se dan cuenta, les hacen creer que son los que tienen la razón y al final abonan a este desmoronamiento social de corrupción e impunidad.

La violencia ha permeado en diversos sectores, el religioso no es la excepción; las agresiones a los grupos evangélicos minoritarios cada día suben de tono y esperamos que las autoridades de los diversos niveles de Gobierno puedan reaccionar a tiempo.- Luis Herrera, CoC, VDLM, M21Gramos.-000