miércoles, 4 de septiembre de 2013

La Intolerancia Religiosa en Chiapas

Sigue vigente la carta pública del 25 de Junio de 2013.

El pasado mes de Junio se publicó en diversos medios nacionales e internacionales, una carta pública en donde la Coordinación de Organizaciones Cristianas solicitó al Gobernador del Estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello la atención de los problemas de Intolerancia Religiosa en ese Estado, de manera desafortunada vemos que en lugar de “estar a la baja” hay algunos brotes nuevos que sin lugar a duda, nos deja un mal sabor de boca (La carta fue publicada en este mismo blog).
Existen casos desde la intimidación y presión a abandonar la fé Cristiana Evangélica, hasta la expulsión de manera agresiva llegando a golpes, abusos sexuales y amenazas de muerte que los líderes de la Comunidad realizan  en contra de familias enteras, actos que vulneran el Estado de Derecho y sobre pasan la observancia de los Derechos Humanos.
Muchos de los líderes de las Comunidades sin saber la trascendencia de lo que están haciendo asesorados o no por terceros, han logrado conseguir que el Gobierno cumpla sus expectativas principalmente económicas mediante el pago de multas ilegales, gastos originados por los problemas, “rescates” e inclusive pago de daños que deberían ser cubiertos por los agresores y que al final de cuentas asume el Gobierno del Estado.
Lo anterior quizá en un espíritu de eliminar las tensiones de los problemas y llegar a una “solución pacífica”, sin embargo, esto genera un problema a largo plazo en lugar de soluciones permanentes. En las comunidades que han comenzado con este tipo de conflictos, se realiza de manera periódica expulsiones independientemente que se hayan firmado o no convenios de civilidad; caso específico el de Buenavista Bahuitz, en donde a pesar de haber una minuta de acuerdos en los que se establece el respeto de la libertad religiosa y restablecimiento de todos los derechos de los Evangélicos para que puedan retornar a sus viviendas (previo pago de multas económicas), meses después fueron expulsados nuevamente.
Otro elemento difícil de manejar, son las Averiguaciones Previas, de acuerdo al estricto Estado de Derecho la autoridad competente deben perseguir, investigar y castigar conforme a los hechos delictuosos; sin embargo, son comúnmente “negociadas” con la finalidad de lograr acuerdos, ocasionando de esta manera, desconfianza en la aplicación de la Justicia independientemente de la autoridad que corresponda.
Volviendo a la carta mencionada publicada el 25 de Junio de 2013, mencionaba lo siguiente:
“Debido a lo anterior, solicitamos a usted lo siguiente:
1.   Se atienda de manera urgente los casos pendientes de resolver, algunos de ellos llevan aproximadamente 3 años y medio que se encuentran fuera de sus comunidades.
2.   Se provea lo necesario a todos los desplazados de las comunidades, en tanto se llega a la solución de la problemática en esos lugares de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Prevención y la Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
3.  Investigar la razón por la cual, se ha entregado un poco de despensas a los desplazados en San Cristóbal de Las Casas y los desplazados de otros municipios no han tenido atención.
4.  Se integren las averiguaciones previas a la brevedad posible, para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de acuerdo a la Ley, incluyendo a funcionarios públicos que han incurrido en omisión en las averiguaciones previas ya iniciadas o en el seguimiento en la atención de estos casos.
5.   Evitar que nuevamente las negociaciones se lleven a cabo con personas diferentes a la representación de los afectados o que no tienen el compromiso de una solución sana. Es importante recalcar que tanto personas como funcionarios que “atendieron” los casos de intolerancia religiosa en la Administración pasada, negociaron acuerdos ilegales en los que los Evangélicos son los únicos afectados por no reconocerles ninguno de sus derechos como el caso del Ejido Saltillo, Las Margaritas.
6. Eliminar como política de solución dentro de las negociaciones, el pago de las multas a los líderes de las Comunidades o la posibilidad de reubicación, ya que este tipo de actitudes solamente acrecienta la violencia y la intolerancia.”

De manera desafortunada después de 2 meses y medio, muy poco se ha hecho al respecto, únicamente se ha manifestado la “falta de conocimiento “ y el hecho que “tenemos muy poco tiempo en el cargo” como excusa para seguir avalando las prácticas ilegales de diversos grupos que atentan contra la sana convivencia en las comunidades. Muchos de los líderes están identificados así como la asociación que tienen a grupos externos a las comunidades dentro de los cuales hay grupos religiosos políticamente posicionados. Lo anterior genera que los líderes sean “protegidos” de la acción penal por los delitos cometidos.
En días pasados se firmó un convenio en donde los Evangélicos de Miguel Hidalgo, Mpio. de Venustiano Carranza, pagan una multa de $ 150,000.00 y les restringen sus derechos para practicar su creencia religiosa y los funcionarios se consideran satisfechos de lo logrado.
La carta sigue vigente, como vigente están el Art. 24 Constitucional, la ley En Contra de la Discriminación y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.


De última hora tenemos información de la firma de Acuerdos para la distensión del caso de Santa Rosalía, Mpio. de Comitán, Chiapas. En los acuerdos se establece que la familia de Fidencio con sus 8 integrantes, le son reintegrados los servicios que les fueron limitados y se establece el respeto a todos sus derechos comunitarios. Ya estaremos haciendo un reportaje sobre ello en los próximos días.

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